La Misión sobre Venezuela acoge con cautela la Ley de Amnistía y pide transparencia
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela acogió con "cautela" la aprobación inicial del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por la Asamblea Nacional, y advirtió que su legitimidad depende de un proceso "transparente e inclusivo" centrado en las víctimas.
El experto y miembro de la Misión Alex Neve señaló que la ley es "una oportunidad para brindar justicia" a los detenidos por motivos políticos, pero subrayó que "su legitimidad e impacto dependen de un proceso transparente e inclusivo, que esté plenamente fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos".
La Misión, aunque celebra que el texto sea público, alertó sobre la falta de "consultas públicas informadas, inclusivas y seguras". "Las voces de los incontables venezolanos cuyos derechos han sido vulnerados (...) deben estar en el centro de este proceso", insistió Neve.
La experta y también integrante de la Misión María Eloísa Quintero expresó una preocupación clave: el alcance limitado del proyecto, ya que “se corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos", afirmó.
Ante esto, la Misión subrayó que la ley debe incluir mecanismos claros de implementación y supervisión independiente. Quintero añadió que sería "conveniente" que la verificación judicial cuente con la participación de víctimas y organizaciones de derechos humanos para evitar una aplicación "incompatible con los estándares internacionales".
Finalmente, Neve hizo un llamado urgente: "Es fundamental que el proceso de liberación de personas detenidas, que ya está en curso, continúe sin interrupción", especialmente ante informes sobre el "grave deterioro de la salud" de los detenidos y muertes bajo custodia. La Misión continuará monitoreando de cerca el proceso.
Antecedentes: En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. El Consejo de Derechos Humanos, mediante su resolución 57/36 prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más, hasta septiembre de 2026.