Myanmar: la ONU denuncia un clima de intimidación a pocos días de unas elecciones bajo control militar
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este marteslas presiones “constantes” ejercidas sobre las poblaciones que viven en las zonas controladas por el Ejército en Myanmar. Según su información, las autoridades recurren a una combinación de incentivos y amenazas para forzar la participación electoral en los comicios del próximo 28 de diciembre, apuntando prioritariamente a los grupos más vulnerables.
Entre las personas afectadas figuran los estudiantes, muchos de los cuales votan por primera vez, los desplazados internos, los presos políticos y los ciudadanos de Myanmar que viven en el extranjero. En el estado de Mon, un estudiante informó que su universidad exigía, al momento de la inscripción a los cursos, la presentación de una prueba de voto anticipado.
Myanmar está sumido en una crisis política desde que el Ejército tomó el poder mediante un golpe de Estado en 2021, lo que posteriormente provocó una guerra civil a escala nacional.
Votos forzados y arrestos por disidencia
“Las autoridades militares de Myanmar deben dejar de utilizar la violencia brutal para obligar a la gente a votar y dejar de arrestar a las personas que expresan opiniones disidentes”, declaró en un comunicado el Alto Comisionado, Volker Türk.
En el municipio de Chaungzon, también en el estado de Mon, algunos jóvenes dicen temer que el voto se convierta en una condición previa para la obtención de documentos administrativos esenciales como documentos de identidad, pasaportes o certificados de registro familiar. Personas de edad avanzada o con movilidad reducida también habrían sido obligadas a votar, con soldados recogiendo las papeletas directamente en los domicilios de los electores.
Este clima de coerción va acompañado de una mayor represión judicial. Decenas de personas habrían sido arrestadas en virtud de una “ley de protección de las elecciones” por haber ejercido su libertad de expresión. Algunas condenas son de una severidad extrema: en el municipio de Hlaingthaya, cerca de Yangón, tres jóvenes fueron condenados a penas de entre 42 y 49 años de prisión por haber colgado carteles hostiles al escrutinio.
Desplazados amenazados
La Oficina también informa de presiones ejercidas sobre las personas desplazadas dentro del país, en particular en la región de Mandalay. En esta región gravemente afectada por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el país a finales de marzo, algunos desplazados habrían sido advertidos de que sus viviendas serían confiscadas o que sufrirían ataques si no regresaban a votar a su localidad de origen.
Una fuente citada por la ONU relata: “Les dicen a las personas desplazadas internamente: “Deben regresar a la ciudad [para votar]. Si no regresan, seguiremos bombardeándolos”.
Ante tales informaciones, Volker Türk expresó su indignación. “Forzar a las personas desplazadas a emprender un retorno peligroso e involuntario constituye una violación de los derechos humanos”, afirma.
Paralelamente, los civiles quedan atrapados entre el Ejército y los grupos armados opuestos a la junta. El 16 de noviembre, nueve maestras de Kyaikto habrían sido secuestradas cuando se dirigían a una formación vinculada al proceso electoral. Fueron liberadas tras recibir advertencias por parte de sus captores. Varios grupos antimilitares anunciaron su intención de perturbar las elecciones, acentuando aún más los riesgos para la población.
Presiones ejercidas sobre los expatriados
La política de coerción también se extiende a la diáspora. Ciudadanos de Myanmar en el extranjero informan de presiones ejercidas por representantes del Ejército, que condicionarían la renovación de pasaportes, visados o permisos de trabajo a la participación en la votación.
En Corea del Sur, trabajadores migrantes afirman haber recibido llamadas instándolos a votar, quedando la renovación de sus documentos de viaje supeditada a la cumplimentación del “formulario 15” de voto anticipado.
En su forma actual, concluye la Oficina, este proceso electoral está destinado a reforzar la inseguridad, el miedo y la polarización en el país, en lugar de abrir el camino a una transición política creíble.
“Estas elecciones se desarrollan claramente en un clima de violencia y represión”, advierte Türk. “Las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de asociación o de reunión pacífica, que permiten una participación libre y significativa de la población, no están presentes”.