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Colombia: Las primeras condenas por crímenes del conflicto, un hito contra la impunidad

Líderes juveniles de la costa del Pacífico de Colombia abogando por la paz. (Archivo)
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Líderes juveniles de la costa del Pacífico de Colombia abogando por la paz. (Archivo)
El modelo colombiano se distingue por su carácter reparador. No se trata solo de castigar, sino de reconstruir. Los condenados deberán participar en trabajos que reparen simbólica y materialmente el daño causado, en un proceso donde la voz y la participación de las víctimas son centrales.

El primer veredicto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia marcó este miércoles un parteaguas histórico: siete exmiembros del secretariado de las FARC-EP fueron condenados por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo más de 20.000 secuestros, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual.

Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, este fallo constituye un “hito crucial en el camino hacia la rendición de cuentas”.

“Tras décadas de atrocidades tras atrocidades, estas condenas representan un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y en el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia”, afirmó Türk.

El tribunal, creado bajo el Acuerdo de Paz de 2016, ofreció a los acusados dos vías: negar los delitos o reconocerlos. Los siete condenados optaron por la “ruta de reconocimiento”, que no contempla prisión, pero sí restricciones de movimiento y la obligación de participar en labores de justicia restaurativa, como el desminado humanitario, la búsqueda de desaparecidos y proyectos de memoria histórica.

Türk advirtió que ahora corresponde al Gobierno garantizar las condiciones legales, presupuestarias y de seguridad para implementar efectivamente estas sanciones.

El respaldo del Secretario General

El Secretario General de la ONU acogió con satisfacción la emisión de estas primeras sentencias restaurativas, calificándolas como un “hito histórico en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016”. Subrayó que representan un paso clave para los mecanismos de justicia transicional previstos en el pacto, destinados a promover la verdad, garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves y brindar reparación a las víctimas.

La ONU destacó además que estas decisiones deben traducirse en acciones concretas de reparación y llamó a los sancionados a cumplir plenamente sus compromisos, al tiempo que instó a las autoridades colombianas a garantizar las condiciones necesarias para su ejecución.

Justicia con enfoque restaurativo

El modelo colombiano se distingue por su carácter reparador. No se trata solo de castigar, sino de reconstruir. Los condenados deberán participar en trabajos que reparen simbólica y materialmente el daño causado, en un proceso donde la voz y la participación de las víctimas son centrales.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU brindó apoyo técnico en las investigaciones, velando por la protección y los derechos de víctimas y testigos, tal como exige el acuerdo de paz.

Un horizonte de desafíos

Pese a la importancia del fallo, Türk alertó que Colombia “sigue afectada por conflictos armados” y que las violaciones de derechos humanos van en aumento.

Persisten los asesinatos de defensores, el reclutamiento de menores por grupos armados no estatales y la violencia que golpea de manera desproporcionada a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y mujeres.

La JEP anunció que en los próximos días emitirá su fallo sobre los llamados “falsos positivos”, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate por agentes estatales, lo que constituirá otro hito en la rendición de cuentas.

Mientras Colombia avanza entre el peso de su pasado violento y la esperanza de una paz frágil, el mundo observa si este hito judicial logra traducirse en una paz tangible para las víctimas.