En Colombia es “más urgente que nunca” sacar la violencia de la política
El representante especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, alertó ante el Consejo de Seguridad sobre el riesgo de retroceso en los esfuerzos por erradicar la violencia de la política, uno de los objetivos centrales del Acuerdo de Paz.
Ruiz Massieu condenó enérgicamente el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio, que “generó un fuerte impacto en la sociedad colombiana, evocó episodios de violencia política del pasado y subrayó, con más urgencia que nunca, el imperativo de sacar la violencia del ejercicio de la política”.
En este sentido, respaldó la iniciativa liderada por la Defensoría del Pueblo para que los líderes, partidos y movimientos políticos suscriban compromisos por un proceso electoral en paz.
Los logros del Acuerdo, dijo, “son producto de gobiernos sucesivos de diverso tinte político, el compromiso inquebrantable de la otra parte firmante, y de la participación amplia de la sociedad civil”.
El jefe de la Misión de la ONU advirtió que el actual periodo electoral, que culminará en las elecciones de marzo de 2026, podría agudizar las divisiones políticas y reiteró el llamado del Secretario General a mantener el espíritu de cooperación. En ese contexto, señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para emitir sus primeras sanciones propias, lo que, afirmó, marcará un punto de inflexión en el sistema de justicia transicional.
“Estas sanciones reflejan la voluntad de antiguos adversarios de cesar la guerra, su reconocimiento común de la importancia de rendir cuentas por los crímenes más graves y contribuir a la reparación de las víctimas”, afirmó.
“En Colombia conviven distintas visiones sobre cómo alcanzar la paz, pero puedo dar fe de que todos los colombianos aspiran a consolidarla. Es lo que he observado durante los últimos seis años, y estoy seguro de que seguirá siendo un tema central en la agenda pública”, puntualizó Massieu en la que fue su última presentación ante el Consejo de Seguridad como jefe de la Misión en Colombia, antes de comenzar su nuevo cargo como representante del Secretario General en Haití.
Diálogos con los grupos armados
Ruiz Massieu también abordó los diálogos en curso con grupos armados, que han pasado de negociaciones de alcance nacional a conversaciones con foco más local tras la fragmentación de varias organizaciones. Señaló que es fundamental que estas iniciativas cuenten con una clara voluntad de paz por parte de los actores armados y se enfoquen en generar resultados tangibles para las comunidades afectadas.
A pesar de los avances, el representante de la ONU reconoció que persisten retos graves en la implementación del Acuerdo, especialmente por la limitada presencia del Estado en zonas donde la violencia continúa y los beneficios de la paz siguen siendo escasos.
“En ese vacío es donde proliferan los grupos armados y las economías ilícitas, alimentando la violencia y frenando el desarrollo”, advirtió.
El informe, que abarca de marzo a junio de este año, resalta que la violencia sigue afectando gravemente a la población civil, con especial impacto sobre comunidades indígenas y afrocolombianas, así como sobre excombatientes, niños y líderes sociales. Entre enero y junio de 2025, la Misión de Verificación de la ONU registró diez asesinatos, un intento de homicidio y cuatro desapariciones de excombatientes, incluida la primera desaparición de una mujer en proceso de reincorporación. Desde la firma del Acuerdo, ya suman 474 los excombatientes asesinados, con cuatro asesinatos posteriores a la publicación de este último informe. “Es fundamental redoblar su protección y asegurarse de que estos crímenes no queden en la impunidad”, enfatizó Ruiz Massieu.
En el mismo periodo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó que 168.300 personas fueron afectadas por 112 emergencias humanitarias, incluyendo 67.800 desplazamientos forzados y 98.700 confinamientos. La violencia armada entre grupos ilegales por el control territorial y las economías ilícitas, así como los enfrentamientos con las fuerzas del Estado, han sido los principales detonantes de esta crisis.
El informe también documenta preocupaciones sobre el reclutamiento de menores: en 2024 se registraron 463 casos.
Respecto a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, se reportaron 34 denuncias de homicidios en el primer semestre de 2025. Aunque representa una leve disminución respecto al periodo anterior, la situación sigue siendo alarmante en departamentos como Antioquia, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
Frente a este panorama, el Secretario General subraya la necesidad urgente de que el Gobierno aproveche el tiempo restante de su mandato para impulsar la implementación del Acuerdo.
También advirtió que la falta de financiación adecuada puede poner en riesgo el proceso. “Sin este apoyo financiero, iniciativas clave podrían sufrir retrasos o retrocesos”, alertó, subrayando que una financiación sostenida es fundamental para la continuidad y estabilidad de los proyectos en marcha.
El Secretario General concluye que el Acuerdo de Paz de 2016 continúa siendo una hoja de ruta vigente para consolidar la paz en Colombia: “El hecho de que problemas críticos sigan limitando los dividendos de la paz en regiones aún afectadas por el conflicto es un llamado a redoblar los esfuerzos para implementar el Acuerdo”, señala el documento.