Dignidad y lucha: El derecho a la tierra en Honduras
En la década de 1970, el Bajo Aguán fue el epicentro de la Reforma Agraria hondureña. Cientos de familias fueron trasladadas desde el sur y occidente del país a estas tierras fértiles, con la promesa de una vida digna, a través de un proceso de migración inducida.
“El Bajo Aguán se convirtió en ‘la capital de la reforma agraria’”, dijo Bardia Jebeli, Representante Adjunto de ONU Derechos Humanos en Honduras.
Dada su vasta extensión y el alto valor para la producción agraria, esta región ha sido codiciada por diversos actores. Esto ha generado un contexto de impunidad y falta de presencia del Estado, dando espacio para la comisión de delitos como el despojo de tierras y el asesinato, añadió Jebeli.
Los cambios legislativos de los años 90 facilitaron la compra masiva de tierras destinadas a la reforma agraria por parte de empresarios agroindustriales. El Decreto 31-92 liberalizó el mercado de tierras con apoyo de los gobiernos en turno.
“Se promovió un mercado de tierras caracterizado por prácticas de violencia, corrupción e ilegalidad”, dijo Jebeli.
Quienes intentaron resistir han pagado caro. El 15 de noviembre de 2010, cinco campesinos fueron asesinados mientras intentaban recuperar tierras en la zona conocida como El Tumbador. Celedonio Ramírez fue uno de los sobrevivientes.
La pobreza sigue siendo un problema predominantemente rural, ya que alrededor de 80% de las personas que padecen hambre viven en zonas rurales, especialmente en los países en desarrollo. La mitad de estas personas son pequeños agricultores, trabajadores agrícolas de subsistencia u otras personas involucradas en labores rurales.
Las poblaciones rurales, incluidos los campesinos y los trabajadores agrícolas, a menudo enfrentan discriminación sistémica y numerosos desafíos en materia de derechos humanos, como el acceso limitado a la tierra, a los alimentos, a recursos esenciales y a los mercados. Además, sus medios de vida se ven cada vez más amenazados por factores como el cambio climático, el despojo de tierras y las condiciones laborales explotadoras.
Fui atacado por los guardias de Facussé [empresario hondureño]. Me dispararon en la boca y en la pierna”, dijo Ramírez.
Pero años después, su convicción no ha cambiado.
“No es invasión [de tierras], es recuperación”, dijo.
El conflicto no ha cesado. En Brisas del Aguán, cooperativa campesina que recuperó tierras en julio de 2022, la violencia persiste.
“Tenemos un compañero secuestrado. Camiones decomisados con nuestros productos”, dijo María Alemán, vocera de la cooperativa. “Muchos se fueron por amenazas de muerte”.
La criminalización también es parte del paisaje.
“Nos tildan de vagos, de ladrones de fruta para deslegitimar nuestra lucha”, dijo Felipe Rojas, presidente de la empresa campesina Mártires del Tumbador.
La reforma al delito de usurpación y la implementación del Decreto 93-2021 permiten la ejecución de ‘desalojos preventivos’ sin garantías ni enfoque de derechos humanos, dijo Jebeli.
“Nosotros como pobres ponemos nuestro cuerpo; ellos luchan con billete”, dijo Ramírez.
Mujeres y juventud
A pesar de la represión y el abandono estatal, en las comunidades del Bajo Aguán brota una resistencia cotidiana, liderada por mujeres y jóvenes que ven en la tierra no sólo una fuente de alimento, sino también un proyecto de vida.
“Porque por herencia nos pertenece, es nuestra y lo nuestro se defiende”, afirma Alemán. “Mi mayor sueño es tener mi casa para mis hijos. No pido una mansión, pido una casa”.
En la comunidad de Guadalupe, Lily López, madre joven y secretaria de la empresa campesina Mártires del Tumbador, decidió quedarse en su tierra.
“Tengo un hijo de un año, y esa es mi gran motivación: sacar adelante a mi hijo y que él tenga la mejor vida”, dijo López. “Yo les diría a otras mujeres que son capaces de poder defender sus derechos como mujeres”.
La juventud organizada también juega un rol crucial.
“Tener la tierra es una forma de vivir de lo nuestro, de no sentirnos impotentes ante la vida”, dijo Rojas. “Queremos producir nuestros propios alimentos y vivir de nuestro trabajo”.
Pero los retos son muchos: falta capacitación técnica, títulos definitivos, acceso al crédito y seguridad.
“Mientras no tengamos un título, hay posibilidades de que nos desalojen. Ojalá no pase”, dijo Ramírez.
ONU Derechos Humanos apoya a las comunidades
En medio de este escenario adverso, el acompañamiento internacional ha sido una fuente de esperanza. Las comunidades coinciden en valorar el papel de ONU Derechos Humanos como interlocutor, garante y aliado.
“El rol de la oficina del Alto Comisionado ha sido una mano amiga, un fundamento”, dijo Alemán. “Han estado muy constantes en las denuncias [ante medios de comunicación]. Nos han apoyado”.
Para Fernando Escobar, presidente de la cooperativa Brisas del Aguán, su presencia es más que simbólica.
“Tener a Naciones Unidas aquí me llena de esperanza, ellos hablan por aquellos a quienes nadie escucha”.
Desde 2022, la Oficina ha dado seguimiento técnico, documentado violaciones, brindado asistencia a fiscales y acompañado procesos judiciales como observador internacional. También fue clave en la firma del acuerdo del 22 de febrero de 2022 entre el Gobierno de Honduras y las organizaciones campesinas.
Este acuerdo contempló la creación de una Comisión Tripartita (o Comisión de la Verdad del Bajo Aguán), con el mandato de investigar, dar seguimiento y proponer medidas de reparación por las violaciones a derechos humanos.
“Es una comisión donde va a investigar las violaciones de derechos humanos, donde nos va a traer nuevas esperanzas”, dijo Alemán. Sin embargo, su instalación sigue pendiente.
La Oficina ha insistido en que es fundamental que, a través de procesos transparentes, imparciales y con un enfoque de derechos humanos, se determine a quién le corresponden los derechos sobre las tierras en conflicto. También ha articulado una respuesta humanitaria ante los recientes ataques armados contra personas campesinas.
“Es importante asegurar por todos los medios la puesta en marcha de dicha Comisión para investigar las violaciones a los derechos humanos, proponer medidas de reparación a las víctimas y determinar las causas que dieron origen a dichas violaciones desde hace 30 años”, dijo Jebeli.
“La tierra, como bien decimos nosotros, no se vende, no es un negocio,” dijo Alemán.